Resumen: La actora padece una incontinencia urinaria y fecal, refractaria al tratamiento, por lo que porta neuroestimulador a nivel lumbar. Porta pañal completo. Cuando sale de casa, se reagudiza la clínica de incontinencia miccional. Con el Bótox, está unos meses mejor de la incontinencia, hasta que pierde efecto. Con el neuroestimulador para la incontinencia fecal nota que la avisa que tiene que ir al baño y así le da tiempo en unos minutos. Se constata igualmente un trastorno de adaptación con ansiedad y una dolencia osteoarticular, con afectación a ambas rodillas y al hombro derecho. Se constata igualmente un trastorno de adaptación con ansiedad y una dolencia osteoarticular, con afectación a ambas rodillas y al hombro derecho. A la vista de dichos datos entiende la Sala que su cuadro clínico inhabilita por completo a la actora para el desempeño de cualquier profesión u oficio, en términos de profesionalidad, rentabilidad y eficacia, por simple o liviana que sea la tarea a realizar, dado que cualquier trabajo exige de unos mínimos de esfuerzo físico, de ahí que sea ajustada a derecho su calificación como incapacidad permanente absoluta.
Resumen: Se impugna el acuerdo del Tribunal Económico Administrativo Central que deniega el reconocimiento de una pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad permanente para el servicio, argumentando que las secuelas que padece son consecuencia de lesiones sufridas en acto de servicio. La resolución sostiene que la incapacidad del recurrente no tiene origen en el servicio prestado, basándose en un análisis de las patologías que afectan al recurrente. La sentencia tras examinar los hechos probados, concluye que, aunque algunas patologías del recurrente están relacionadas con su actividad policial, no se ha demostrado que todas las condiciones que causan su incapacidad sean consecuencia directa del servicio. Se establece que, para el reconocimiento de la pensión extraordinaria, es necesario que todas las patologías concurrentes sean atribuibles al servicio, lo que no se ha acreditado en este caso. Se confirma la decisión del TEAC afirmando que la denegación de la pensión extraordinaria se ajusta a derecho.
Resumen: Lo justificado en el supuesto actual es que el balance articular de rodilla está conservado y el balance muscular flexor y de extensores es 5/5. Por lo que no se justifica un cuadro con la intensidad suficiente. Si la flexión de rodilla es prácticamente completa y similar a contralateral y la extensión completa, no están comprometidos los cometidos de repartidor, es decir, básicamente la bipedestación, deambulación, flexoextensión, para acceder y subir y bajar del vehículo, para conducir y cargar y descargar el producto en el vehículo. Solo cuando existe una limitación mayor, y la profesión requiere de buena capacidad de deambulación y bipedestación, se reconoce la incapacidad total. Se ha manifestado en tal sentido el Tribunal Supremo. El actor también ha sido intervenido quirúrgicamente del síndrome del túnel carpiano de su mano derecha con fecha de 11 de febrero de 2025, pero sin que conste una evolución negativa. El síndrome del túnel carpiano es una dolencia que, en principio y salvo complicaciones, tiene cura tras una intervención quirúrgica.
El síndrome subacromial es incipiente; se encuentra en seguimiento en el Servicio de Ortopedia por sinovitis peroneo astragalina pero en tratamiento actual, y por dolor en el codo, con posible futura cirugía (a la que habrá que esperar) y tras la realización de un cateterismo coronario el 19 de enero de 2024, no existe una evolución negativa, sino estabilidad clínica, analítica y hemodinámica, con FEVI conservada.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el RCUD interpuesto por la parte actora frente a la resolución de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en litigio sobre complemento de maternidad vinculado a una pensión de incapacidad permanente total. El Juzgado de lo Social reconoció el complemento del 5 % con efectos desde el 18-05-2016; la Sala de suplicación lo revocó por prescripción quinquenal (art. 53 LGSS). La parte recurrente denunció infracción de los arts. 53 y 60 LGSS y 1969 CC e invocó como contraste una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 26-07-2023. El Tribunal Supremo aprecia la contradicción del art. 219 LRJS y, conforme a la doctrina del Pleno (SSTS 322/2024 y 324/2024) y posteriores, declara que el complemento por aportación demográfica es imprescriptible, cualquiera que sea la pensión, y que sus efectos económicos se retrotraen a la misma fecha que la pensión principal; no procede aplicar la retroactividad limitada del art. 53 LGSS ni la restricción de tres meses. Con apoyo en la STJUE 12-12-2019 (C-450/18) y en la interpretación del art. 60 LGSS a la luz de la Directiva 79/7/CEE, estima el recurso, casa y anula la sentencia del TSJ de Aragón, desestima el recurso de suplicación del INSS y confirma íntegramente la sentencia de instancia, sin especial pronunciamiento sobre costas.
Resumen: Prestaciones de la seguridad social: la cuestión controvertida radica en determinar si las dolencias que padece el demandante justifican la calificación de gran invalidez, en la terminología de la norma legal vigente a efectos de este procedimiento, anterior a la Ley 2/2025 de 29 de abril.
Resumen: La controversia suscitada se ciñe a determinar la fecha de efectos económicos y la prescripción del complemento de maternidad por aportación demográfica cuando ha transcurrido un plazo superior a cinco años desde la fecha del hecho causante de la pensión de incapacidad permanente total (el 21-3-2017) hasta que el beneficiario solicitó ese complemento (el 1-12-2022). La sentencia anotada revoca el fallo combatido, reiterando la doctrina obrante en SSTS 21/02/24 rcud. 862/23 y 1083/23, donde ya se indicó que apreciada por el TJUE la discriminación directa al varón ubica el momento de producción de la consecuencias del complemento a la pensión con efectos ex tunc, sin ser dable entender que la solicitud tardía del complemento deba entenderse prescrita ni limitar sus efectos a los 3 meses anteriores a la solicitud. Añade dos argumentos adicionales de la no prescripción, el dies a quo del plazo de solicitudes cuyo HC sea anterior al dictado STJUE 12-12-2019 nunca sería antes de esta sentencia que declaró la discriminación al varón, no pudiendo comenzar plazo de prescripción alguno. Y por la propia naturaleza del complemento, éste (igual que complemento a mínimos o el de reducción de brecha de género) son accesorios a la pensión contributiva que complementa la pretensión está ínsita a la pensión, solicitada en plazo los posibles complementos no prescriben.
Resumen: La actora tiene reconoció una IPT cualificada que fue precedida de una incapacidad temporal y solicita el complemento por brecha de género con efectos de 5 de julio de 2021, fecha desde la que percibe la prestación por incapacidad. Su solicitud no fue reconocida por el INSS. El JS le reconoce el complemento por brecha de género desde el 5 de julio de 2021, que que es confirmada por el TSJ. El INSS recurre en casación unificadora. La cuestión consiste en determinar cuál es la fecha del hecho causante de una prestación de incapacidad permanente total a efectos de lucrar el complemento por maternidad regulado en el artículo 60 del TRLGSS de 2015, en la redacción posterior al RD-Ley 3/2021, de 2 de febrero, cuando la misma deriva de una IT previa que se agotó antes de la entrada en vigor de la citada norma. La Sala sostiene que no hay base legal para inferir que de la actual redacción del art. 60 de la LGSS, el complemento se pueda reconocer no en el momento del hecho causante de la incapacidad permanente sino en el momento del reconocimiento de la prestación y, para determinar cuándo se ha causado hay que acudir a la fecha de la extinción de la IT previa de la que deriva, como se desprende del artículo 13.2 de la Orden de 18 de enero de 1996. Estima recurso.
Resumen: Se recurre la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central que desestima su reclamación económica administrativa relacionada con la denegación de una pensión extraordinaria de viudedad tras el fallecimiento de su cónyuge. La recurrente argumenta que la muerte de su esposo, quien había sufrido problemas de salud relacionados con su trabajo, está vinculada a su desempeño laboral, alegando que la enfermedad que padecía fue consecuencia directa de su puesto de trabajo. La sentencia entiende que no se ha demostrado la relación causal entre la enfermedad y el trabajo desempeñado, ya que el fallecimiento ocurrió durante una baja laboral y no en el lugar de trabajo. Además, se señala que el fallecido había asumido el nuevo puesto de trabajo por voluntad propia y que la enfermedad se diagnosticó poco después de su toma de posesión, lo que dificulta establecer un nexo causal. Por lo tanto, el tribunal concluye que la resolución denegatoria de la pensión extraordinaria de viudedad es ajustada a derecho.
Resumen: No hay contradicción pues mientras que en la sentencia de contraste el proceso de incapacidad temporal se extinguió en el año 2015, iniciándose entonces el expediente de incapacidad permanente que dio lugar finalmente al reconocimiento de la prestación, en el supuesto de la sentencia recurrida no se da por acreditada la fecha de finalización de la incapacidad temporal, lo que impide fijar temporalmente el hecho causante de la pensión de incapacidad permanente.
Resumen: La Sala conoce nuevamente de un recurso para la unificación de la doctrina en la que se plantea si a un beneficiario de Seguridad Social que tiene reconocido un grado de incapacidad permanente total contributiva debe reconocérsele a todos los efectos el 33 % de discapacidad. Aplica el Tribunal su consolidada doctrina establecida en sentencias (Pleno) 992, 993 y 994/2018 de 29 noviembre (rcud. 3382/2016 , 1826/2017 y 239/2018 en las que interpretó que el art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013 incurrió en ultra vires por exceso en la delegación legislativa porque no respetó el contenido del art.1 de la propia Ley 26/2011, de 1 de agosto al sustituir la frase "a los efectos de esta ley" por la de "a todos los efectos. Expresamente se reconoce que el análisis no se corresponde con la modificación de dicho precepto por la Ley 3/2023 que ha eliminado el ultra vires. Aplica doctrina.
